Continúan las situaciones de violencias basadas en género, padecidas por mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa, tanto en el ámbito público como en el privado en Colombia.

Así lo indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien llamó la atención sobre la alarmante situación que viven las mujeres debido a causas como la dependencia económica y todas las formas de violencias.

"A esto se suma el impacto de la violencia psicológica acomo un fenómeno que es escasamente atendido por las instituciones públicas y, por último, la violencia al interior de la familia que se mantiene e incrementa con gravísimas consecuencias", sostiene la Defensoría.

Según el informe Defensorial: Violencias Basadas en Género y Discriminación, en el 73% de las atenciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en el 2018, los agresores fueron la pareja sentimental o expareja de la víctima.

Otra de las cifras tristes es el de los feminicidios: "para el 2018 se registraron 67 feminicidios y 72 tentativas de feminicidios. Frente a estos, la pareja ha sido reportada como agresor en 59% y 52% de los casos respectivamente".

En tal sentido, Negret Mosquera hizo una serie de recomendaciones frente a las barreras que se encuentran en materia de acceso a la justicia; de garantías del derecho a la salud; la inexistencia de sistemas de información unificada y confiable; el incremento en el asesinato de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos; la violencia institucional que se presenta; la desarticulación entre el gobierno nacional y los territorios, así como la necesidad de fortalecer las estrategias en materia de educación y cultura.

Según el informe las zonas de frontera se han convertido en un punto fuerte en donde la combinación de una serie de dinámicas de riesgo como la presencia de grupos armados, el narcotráfico, la minería ilegal, el fenómeno de los flujos migratorios mixtos, entre otros, han generado un impacto desproporcionado en las mujeres que se ha manifestado en violencia sexual, prostitución forzada, extorsión, trata de personas y explotación sexual. De estas zonas, la Defensoría identificó riesgos de violencia sexual en 28 documentos de advertencia, informes de riesgo y notas de seguimiento, así como en 22 alertas tempranas.

La Defensoría reconoció el importante rol de las organizaciones sociales y la cooperación internacional en el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y por esto enfatizó en la necesidad de que la participación de las mujeres en los territorios se garantice frente a las amenazas y ataques de actores armados que buscan evitar su liderazgo y romper sus procesos comunitarios.

En cuanto a las personas LGBTI, se evidenció que los sistemas de información de la gran mayoría de entidades no están diseñados para recabar datos sobre la orientación sexual e identidad de género de las víctimas.

En este sentido, la violencia por prejuicio que se comete contra esta población pasa desapercibida por los operadores de justicia y por eso resulta preocupante que el 35% de los agresores de estas personas sean entidades públicas.

Según la Defensoría, "entre los más grandes retos del Estado en materia de violencia basada en género, está poner un límite y un freno a la violencia que se origina en sus propias instituciones, a partir de prejuicios y estereotipos de sus funcionarios".